El acceso a la información pública es un derecho fundamental, reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos- en su artículo 13, el cual recalca la obligación de los Estados de brindar a los ciudadanos acceso a la información que está en su poder. Asi mismo, establece el derecho que tenemos todos los ciudadanos de buscar, solicitar, recibir y divulgar aquella información pública, en manos de los órganos, entidades y funcionarios que componen el Estado.

De manera más general el derecho de acceso a la información pública se se relaciona y conecta internacionalmente con el derecho de libertad de expresión. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su artículo 19 manifiesta que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”

En principio, el derecho de acceso a la información está protegido y reconocido en la Constitución Política de 1991 en su artículo 74.
Éste hace referencia a la garantía general de todos los ciudadanos de acceder a los documentos públicos, salvo los casos por ley.

Adicionalmente, la Constitución contempla otras disposiciones relacionadas al derecho en cuestión

• El artículo 20 de la Constitución protege el derecho de toda persona de expresarse libremente y con ello de informarse y recibir información veraz e imparcial
• Igualmente el artículo 23 de la Constitución establece el derecho de toda persona de presentar peticiones respetuosas a las autoridades y a que estas sean respuestas con brevedad
• El artículo 15 de la Constitución establece que los ciudadanos “tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellos en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas” haciendo referencia al derecho de Habeas Data

A pesar de que este derecho está contemplado en la Constitución, se hace necesario regular y reglamentar todos los procedimientos, mecanismos y herramientas para garantizar su pleno ejercicio. Es por esto, que a pesar de contar con numerosas leyes y decretos en la materia era fundamental unificar criterios y contar con un cuerpo normativo robusto, consistente y acorde a los estándares internacionales y a las necesidades ciudadanas.

De tal forma, las razones que fundamentan la existencia de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública son:

• Posicionar el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental plenamente reglamentado.
• Ampliar el ámbito de aplicación del sistema de acceso a la información, aumentando el número de sujetos obligados garantizando así el derecho en su expresión más amplia.
• Clarificar y ampliar los instrumentos y herramientas para el ejercicio del derecho fundamental.

De manera general, la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública obliga a facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y a promover la transparencia gubernamental, a todos las entidades de las tres ramas del poder público del orden nacional y territorial, asimismo a los órganos y organismos autónomos, independientes y de control que componen el Estado.

Adicional a estas entidades, también están obligadas a cumplir las disposiciones de trasparencia y acceso a la información pública las personas naturales y jurídicas que ejercen funciones públicas, que prestan un servicio público o que administran o gestionan recursos públicos.

Finalmente, los partidos políticos y movimientos significativos de ciudadanos también son sujetos obligados de la norma y deben cumplir las disposiciones de la norma..

El contar con la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, nos beneficia a todos como ciudadanos, pero también beneficia a la organización y funcionamiento del Estado.

Como ciudadanos porque nos permite disponer de información oportuna, clara e igual para todos y así conocer de primera mano, las actuaciones del Estado e incidir de manera directa en la toma de decisiones a través del control y la rendición de cuentas sociales y hacer de éste uno más eficiente y menos corrupto; así mismo nos permite tomar mejores decisiones en nuestra cotidianidad y ejercer otros derechos fundamentales, mejorando nuestra vida.

Como Estado porque promueve la cultura de la transparencia, la actitud ética de los funcionarios públicos, que deben estar siempre dispuestos a brindar la información y una gestión de gobierno más democrática; que en definitiva fortalecerá la confianza de la ciudadanía en las instituciones y hará que como Estado seamos responsables de nuestros actos.

Así, los beneficios son en doble vía ya que, un Estado que constantemente abre la información a los ciudadanos para que estos conozcan su funcionamiento, que rinde cuentas de sus actos y que brinda la formación sobre los aspectos técnicos y políticos de su gestión, es un Estado que genera mayor confianza y por tanto una mejor y más estrecha relación con sus ciudadanos.

Por su parte, una ciudadanía participativa, que tiene sentido de responsabilidad por lo público, que está comprometida con la rendición de cuentas y que conoce el funcionamiento de sus instituciones, genera un Estado más responsable, más comprometido y sobre todo más transparente con sus acciones.